Guerra abierta a la inmigración. Las imágenes de enfrentamientos en las calles de Los Ángeles este fin de semana, con los uniformados armados y lanzando explosivos como si fuera un conflicto bélico, prueban la escalada contra los aliens, término que gusta mucho a la Casa Blanca para designar con carácter peyorativo a los foráneos simpapeles.
El caso aún fue a más. El presidente Donald Trump firmó un memorando el sábado por la noche en el que ordenó desplegar 2.000 de la guardia nacional en el condado de Los Angeles, después de que agentes federales de inmigración se enfrentaran con centenares de manifestantes en contra de la detención de indocumentados por segunda jornada consecutiva.
La Guardia Nacional de California llegó al centro de Los Ángeles antes de las 8.00 h. locales (15.00 h GMT), quedando en formación frente a los Juzgados próximos al Ayuntamiento.
Policías detienen a una manifestante en las protestas frente al edificio federal al que habían sido trasladados los inmigrantes
Trump justificó en ese documento que el envió de militares resultaba necesario para “proteger temporalmente al personal del ICE (agencia de control de aduanas) y otro personal del gobierno que están realizando su trabajo”. El despliegue está previsto para 60 días, o tan largo como decida el secretario de Defensa, Pete Hegseth. El jefe del Pentagono apostilló de inmediato que marines en servicio activo “están en alerta máxima”. Se encuentran a unos 160 kilómetros al sur de Los Angeles.
En el memorando, el presidente indicó que cualquier protesta que se interpusiera en el camino de los oficiales del ICE era “una forma de rebelión”.
Además, y en adición, “las protestas violentas amenazan la seguridad y causan daños significativos a los centros federales de detención de inmigrantes y otras propiedades”, escribió.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt emitió un comunicado en el que señaló que el presidente tomó esa decisión para contrarrestar “turbas violentas” que se han enfrentado a uniformados federales, mientras la policía de la metrópolis californiana evitó involucrarse, en varios lugares del centro de la ciudad donde se desarrollaban operaciones de caza y captura para la deportación de simpapeles.
“Estas operaciones son necesarias para frenar la invasión de criminales ilegales en Estados Unidos. A raíz de esta violencia, los imprudentes líderes demócratas de California han abdicado completamente de su responsabilidad de proteger a los ciudadanos”, remarcó.
El gobernador demócrata Gavin Newson confirmó que se había realizado la llamada a las tropas militares. “El gobierno federal se está moviendo para hacerse cargo de la Guardia Nacional de California y desplegar 2.000 soldados”, lamentó en una nota pública. “Esta medida es deliberadamente incendiaria y solo aumentará las tensiones”, pronosticó.
En esa línea, muchos vieron esta decisión de Washington como una reacción exagerada que puede llevar a incrementar el número de agitadores.
Pero la alcaldesa de Los Angeles, Karen Bass (demócrata), criticó las operaciones anti inmigrantes pero trazó una línea entre condenar el despliegue militar en la región y los que causan disturbios. Así que lanzó una advertencia a los manifestantes, a los que les dijo que si bien tienen todo el derecho a protestar, “la violencia y la destrucción son inaceptables, y los que sean responsables rendirán cuentas”
Las protestas se registraron el viernes y prosiguieron este sábado después de que los agentes de inmigración desarrollaran operaciones en lugares de trabajo persiguiendo a indocumentados. Los uniformados utilizaron de nuevo granadas aturdidoras, gas lacrimógeno y bolas de goma en la zona de Paramount, a cierta distancia del down town, donde corrió el rumor de que se iba a desarrollar otra redada.
En la primera jornada hubo más de un centenar de inmigrantes no regularizados que fueron arrestados, en tanto que una cincuentena de manifestantes también fueron detenidos. Uno de estos fue David Huerta, presidente del sindicato SEIU (trabajadores de servicios) en California, quien resultó herido durante los enfrentamientos.
Este sábado se registraron escaramuzas, choques y se mantenía un alto voltaje, que aumentó al conocerse la decisión del envío de militares. Afuera de un centro comercial prendieron fuego a un carro de la compra y se montó una barricada, a lo que respondieron los agentes con bolas de gas pimienta.
Stephen Miller, jefe adjunto del gabinete del presidente y arquitecto de la dura política antiinmigración en marcha, calificó estas protestas de “insurrección contra la soberanía de Estados Unidos” en su cuenta de X. En su opinión, el ejecutivo tiene dos opciones, “deportar a los invasores o rendirse a la insurrección”. Por eso el refuerzo militar.
Miller emerge como la mano detrás de estas redadas en Los Angeles. Estaba que se tiraba de los pelos, aunque no tiene ni uno en su testa, porque los agentes del ICE -la migra entre los hispanos–no se aplicaban con disciplina y no detenían a suficientes “ilegales”, como los llama de forma incorrecta y todavía más degradante si cabe.
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Frente a lo que consideró un número muy bajo de arrestos, a mediados de mayo amenazó con despedir a los cargos de la fuerza aduanera si no cumplían con el objetivo de detener a 3.000 “inmigrantes no autorizados” al día.
Esa cifra plantea otro problema, ¿dónde meterlos? Pero esa cuestión resulta secundaria ante las presiones para incrementar el número de detenciones, objetivo principal del gobierno.
Así que la migra trabaja a destajo en restaurantes, escuelas, hospitales o en los juzgados, lugares que se consideraban más o menos seguros hasta ahora.
La advertencia de Miller cobró cuerpo esta semana, en concreto el pasado martes, cuando hicieron 2.200 arrestos, la cifra mayor en una sola jornada de la que se tiene constancia en la historia de estos operativos, según confirmó la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
La culminación de esta escalada en busca de ampliar el récord provocó este viernes (horas de la madrugada en España) un estallido de violencia cuando los funcionarios federales desarrollaron tres redadas en el centro de Los Angeles.
Pero su acción originó una revuelta popular que ha continuado este sábado. Los agentes, que iban con equipo táctico y fusiles militares, lanzaron granadas aturdidoras para dispersar las protestas que propiciaron sus operaciones.
Stephen Miller, arquitecto de la represión, ordenó llegar a 3.000 detenciones diarias
En una extraordinaria demostración de fuerza, docenas de agentes emergieron en uno de esos lugares –en el distrito de la moda, no lejos del ayuntamiento–, equipados con cascos y uniformes de combate.
Llegaron en dos enormes camiones blindados y otros vehículos camuflados. Rápidamente se les acercó una multitud de activistas pro inmigrantes y simpatizantes.
Horas después de esos primeros conatos se produjo una nueva confrontación entre manifestantes y agentes federales fuera del centro de detención donde fueron llevados los inmigrantes arrestados. Los uniformados respondieron con balas no letales y con gas pimienta, mientras los otros arrojaron objetos como sillas, e hicieron pintadas anti ICE
En una metrópolis, liderada por demócratas, donde el 30% de los residentes son inmigrantes, la crítica saltó de inmediato.
“Ha sido una demostración de terror”, señaló la alcaldesa Karen Bass. “Como alcaldesa de una ciudad orgullosa de sus inmigrantes, que contribuyen de muchas maneras, estoy muy enfadada con lo ocurrido. No defenderemos estas acciones”, añadió la alcaldesa. El sábado dio un paso atrás.
La policia ha reprimido con dureza la protesta en Los Ángeles
“Las continuas y caóticas redadas federales para cumplir con una cuota arbitraria de arrestos son tan imprudentes como crueles”, subrayó en un comunicado el gobernador Newson,
“El caos de Donald Trump está erosionando la confianza, destrozando familias y debilitando a los trabajadores y las industrias que impulsan la economía estadounidense”, recalcó.
Hasta ahora se habían producido respuestas a la actuación del ICE, si bien carecían de la dimensión alcanzada este fin de semana. El arresto de un estudiante de una escuela pública de Nueva York supuso que el alcalde, Eric Adams, hiciera una llamada para que los niños inmigrantes no dejen el colegio.
El caso de Los Angeles significa una mayor intensidad en la protesta respecto a otra que se produjo también en California, hace una semana, cuando agentes aduanas irrumpieron enmascarados en un popular restaurante italiano de San Diego y los clientes se amotinaron.
Estas respuestas muestran que mucha gente considera que ha llegado el momento de oponerse a estas operaciones en contra de vecinos que jamás causaron un conflicto.
Kilmar Abrego, el salvadoreño deportado por error, es devuelto a EE.UU. pero acusado de tráfico humano
Una de estas quejas ha supuesto el regres, el viernes, a EE.UU. de Kilmar Abrego García, el salvadoreño residente en Maryland deportado a un penal de su país por error, como reconoció el Gobierno, puesto que disponía de estatus de protección. Sin embargo, sin comerlo ni beberlo, el Departamento de Justicia justificó esta decisión porque Abrego debe afrontar cargos en EE.UU. por transporte ilegal de indocumentados. Trump dijo a los periodistas que “es un tipo muy malo”. Pero, en verdad, el presidente consideró esta imputación como un revés a los jueces que frenan las deportaciones.
Los abogados de Abrego hablaron de “cargos inventados” para continuar criminizándolo. Juristas independientes acusaron a Trump de “vendetta” y matizaron que el caso abierto tiene “cero credibilidad”.
