La militarización de California ordenada por Donald Trump se ha convertido en una batalla legal. Un juez federal de San Francisco, Charles Breyer, ha bloqueado temporalmente el despliegue de 4.000 soldados de la Guardia Nacional en Los Ángeles y ha ordenado a la istración devolver la autoridad al gobernador estatal, Gavin Newsom. Una hora después, un tribunal de apelaciones ha suspendido su orden, por lo que Trump podrá mantener su asedio sobre el Estado demócrata, al menos hasta el martes, cuando ha fijado una nueva audiencia.
El magistrado Breyer había dictaminado que la presencia de los soldados en California sin la autorización del gobernador fue ilegal, pues “violó la Décima Enmienda”, y la justificación que había dado la Casa Blanca carecía de fundamento. Los disturbios civiles que acompañaron a las protestas del viernes pasado “quedan muy lejos de una 'rebelión'”, aseguraba el juez, que concluía que el intento de Trump de equiparar la violencia “esporádica” con una insurrección organizada no se sostenía.
El presidente invocó una ley federal, el título 10 del Código sobre Servicios Armados, que permite utilizar la Guardia Nacional para suprimir el “peligro de una rebelión” o para “ejecutar” leyes federales cuando “las fuerzas regulares” no puedan hacerlo. Sin embargo, en la opinión del juez Breyer, ni las protestas de Los Ángeles son una rebelión, ni sobrepasaron a la policía local en ningún momento, motivo por el que el gobernador Newsom no pidió expresamente su despliegue al gobierno federal.
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“Aunque los demandados han señalado varios incidentes violentos, no han identificado un levantamiento violento, armado, organizado, abierto y declarado contra el gobierno en su conjunto”, concluía Breyer en su fallo, de 36 páginas. “No se cumple la definición de rebelión”.
Pero su sentencia queda en entredicho después de que un de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito lo haya suspendido. Los tres magistrados, dos de los cuales fueron nombrados por Trump y uno por Joe Biden, han fijado una audiencia para el martes, lo que garantiza que el despliegue militar se mantendrá al menos hasta la próxima semana.
La batalla judicial se produce tras la demanda del Estado demócrata, que denunció que la militarización de California invadía sus competencias y con ello la Décima Enmienda de la Constitución, que establece el límite entre las competencias del Ejecutivo central y las estatales. La justicia ha dado inicialmente la razón al gobernador Newsom, que el martes advirtió en un contundente discurso que “la democracia está bajo asalto ante nuestros ojos” y que iba a pelear por la soberanía de California en los tribunales. Pero esta victoria judicial queda en suspenso hasta el martes.
El fallo suponía una derrota para Trump y su uso sin precedentes del ejército para librar sus batallas políticas y culturales. El presidente ha magnificado unas protestas mayormente pacíficas, elevando a los manifestantes al estatus de “insurrectos”, “agitadores” e “invasores extranjeros”, en la línea de su discurso apocalíptico de que se está produciendo una invasión en EE.UU., lo que reproduce la teoría de la conspiración de extrema derecha del Gran Reemplazo.
Gavin Newsom, gobernador de California
“Hoy es un gran día para la Constitución y para nuestra democracia”
“Hoy es un gran día para la Constitución y para nuestra democracia”, ha celebrado Newsom tras la decisión del juez Breyer, sin conocer todavía el fallo del tribunal de apelaciones. El gobernador había anunciado que al mediodía de este viernes, momento en que entraba en vigor el fallo del juez, iba a devolver los soldados a sus actividades cotidianas, como la vigilancia de la frontera con México, la lucha contra el tráfico de fentanilo o el apoyo en desastres naturales, como los incendios forestales que suelen producirse en el Estado.
“Nuestro triunfo hoy en los tribunales es una victoria para todos los estadounidenses”, ha señalado el gobernador en un comunicado. “La decisión del presidente de utilizar al ejército contra sus propios ciudadanos amenazaba nuestra democracia y nos acercaba peligrosamente al autoritarismo”.
La orden del juez y su posterior suspensión por el tribunal de apelaciones desembocará en una batalla legal que podría terminar en el Tribunal Supremo, donde existe una mayoría de seis jueces conservadores (tres elegidos por Trump en su primer mandato) frente a tres progresistas.