El reglamento que regula la dotación y uso de los dispositivos conductores de energía, conocidos popularmente como pistolas Taser, por parte de la Guardia Urbana de Barcelona, será aprobado en el pleno municipal de junio. El calendario previsto se mantiene y las 22 pistolas eléctricas serán operativas a primeros del año que viene.
En marzo se aprobó un primer proyecto de reglamento, con los votos de PSC, Junts, PP y Vox y la oposición de BComú y ERC. Tras esa votación se inició un periodo de alegaciones durante la que se han incorporado enmiendas y ajustes a propuesta tanto de formaciones políticas como de organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos.
El reglamento limita el uso a menores de 14 años y lo restringe en personas con crisis por trastornos de la salud mental
“Estamos en disposición de dotarnos ya de este instrumento”, apuntó ayer el teniente de alcalde de Prevención y Seguridad del Ayuntamiento, Albert Batlle, en un encuentro con periodistas. Batlle explicó las incorporaciones a un reglamento que definió como “enormemente garantista”, tanto desde el punto de vista “del respeto de los derechos humanos” como del de la “seguridad jurídica en el uso”, ya que es especialmente concreto en aspectos como el tiempo de descarga, que “no podrá ser superior a los cinco segundos”, la “formación específica que recibirán los responsables policiales que lo usen” y la “trazabilidad”, que prevé un sistema de filmación “incorporado directamente al dispositivo o al agente que haga la intervención”. También se especifica la distancia mínima desde la que se puede disparar.
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El reglamento contempla la posibilidad de incorporar más pistolas de estas características, aunque Batlle ya advirtió de que no tenía sentido pensar que la Taser pueda ser una herramienta de dotación para todos los policías. “Hoy para hoy nos dotamos de estos 22 instrumentos y después de la evaluación que anualmente iremos haciendo del funcionamiento de este servicio, decidiremos si lo ampliamos o no”.
Batlle recordó que los Mossos utilizan estos dispositivos desde el 2016, así como varias policias municipales catalanas. De hecho, ese uso por parte de otras organizaciones ha servido a la Guardia Urbana redactar su propio reglamento. Este prohibe el uso sobre menores de 14 años, cuando los Mossos marcan el límite en los 12 años. El reglamento restringe el uso en personas que sufren trastornos de salud mental. De ahí que en una de las alegaciones aceptadas se insta a que los agentes que reciban estos dispositivos recibirán formación específica para tratar con estas personas por parte de sanitarios, sin prohibir el uso de la Taser como última opción.
