Ayuso planea sancionar con 100.000 euros escraches y manifestaciones universitarias
Educación
La presidenta desmiente en redes sociales la medida, pero el texto circula en comisiones universitarias
Manifestación en defensa de la educación pública con la participación de todas las etapas, desde Infantil a la Universidad, bajo el lema 'Salvemos la pública' este jueves, en Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid planea sancionar con hasta 100.000 euros los escraches y las manifestaciones no autorizadas en la universidad, según el borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) del pasado 29 de mayo al que ha tenido Efe y que ha adelantado El País .
Ayuso ha señalado en X que “esta noticia es falsa”, pero el borrador ha sido remitido a diferentes comisiones universitarias que deben emitir informes, si bien no se ha enviado de forma oficial.
Distintos tipos de infracciones
El documento prevé infracciones graves como la ocupación de cualquier lugar del campus, la colocación de pancartas o símbolos o las manifestaciones, todo ello sin autorización, con multas de hasta 100.000 euros.
También incluye infracciones muy graves de entre 100.000 y un millón de euros, por conductas como “no garantizar por acción u omisión la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión y de cátedra”.
La postura de la Consejería de Educación
Fuentes de la Consejería de Educación indican que el régimen sancionador del borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid fue “anunciado y debatido en 2024, sin que se haya ha añadido ninguna novedad desde entonces”.
Las mismas fuentes señalan que esto “no contraviene ninguna norma estatal”, sino que “sigue la línea de la Ley nacional de convivencia universitaria aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022” y agregan que precisamente protege la Ley de la Comunidad de Madrid es la libertad de expresión, reunión, asociación, participación y de cátedra, así como el ejercicio de los derechos fundamentales en los campus universitarios.
“No solo no atenta contra la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, sino que viene a garantizarlas”, añaden desde el Departamento que dirige Emilio Viciana, que subraya que este régimen sancionador da herramientas a las universidades para poder hacer efectiva esta autonomía y poder garantizar los derechos fundamentales, porque la autonomía universitaria consiste también en que la universidad esté amparada legalmente.
Detallan que los casos más graves se reservan para los centros superiores que empiecen su actividad sin estar autorizados, contra la publicidad engañosa, que se cubran plazas públicas sin cumplir los requisitos y también, por supuesto, se sancionan la censura, discriminación por raza, sexo, religión o cualquier otra vulneración de derechos fundamentales.
La respuesta de Mónica García, su rival
Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha dicho este miércoles que “Isabel Díaz Ayuso sigue la estela contra la universidad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump”.
“Está claro que la guerra de la señora Ayuso contra la Universidad, contra el pensamiento crítico y contra la libertad de expresión, dentro de los lugares donde no le hacen la ola o no son vasallos suyos. Es una guerra que la lleva haciendo a la Universidad desde hace mucho tiempo”, ha señalado la ministra en declaraciones a los periodistas en el Congreso.
Y ha añadido García: “Lo que sabemos es que hay un borrador que dice que hay multas de 100.000 euros por poner pancartas y protestas hasta un millón de euros”.
Como Ayuso ha asegurado que no es cierta esa noticia, García ha resaltado que si la presidenta madrileña dice que es falso, “a lo mejor puede estar a tiempo de rectificar, cosa que no hizo con los 'protocolos de la vergüenza', que rectifique o que salga realmente a decir si ese borrador sale de su Gobierno o no sale de su Gobierno”.