El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, presentó ayer el proyecto de ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. El Govern ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Transportes y con Aena, que apuesta por una renovación casi total de esta infraestructura, lo que supondrá una inversión de más de 3.200 millones de euros por parte de Aena. El proyecto prevé el polémico alargamiento de la pista más cercana al mar, que crecería afectando a espacios naturales protegidos, lo que se compensaría con 250 nuevas hectáreas renaturalizadas de terreno agrícola, formando un anillo verde en torno al aeropuerto, y con un fondo ambiental para la preservación de áreas ecológicas del Llobregat.
La propuesta consiste en un alargamiento de la carrera de despegue, la pista, de 500 metros para llegar a los 3.160 metros totales (2.660 en la actualidad). La nueva área pavimentada total añadida a la pista actual será de 600 metros repartidos en ambos extremos, 540 se prolongarán hacia la zona de la Ricarda y otros 60, hacia el Remolar. Con esta solución, la Generalitat y Aena destacan que se reduciría en 87 metros la ocupación de la Ricarda respecto a la alternativa inicial.
Para el president, esta es una propuesta “sólida, consensuada y definitiva para la Catalunya líder del siglo XXI”. El objetivo es “convertir el aeropuerto de El Prat en un potente hub intercontinental que empuje económica y socialmente a Catalunya”. Illa afirma que el proyecto “cumple escrupulosamente con los criterios de la UE para preservar y mejorar el delta del Llobregat”, en un intento de tranquilizar a la ciudadanía y a las organizaciones ecologistas. Una propuesta que pretende equilibrar que El Prat sea un hub internacional, con la vista puesta especialmente en Asia, con el cumplimiento de los requisitos medioambientales que marca la Comisión Europea.
Illa hace equilibrios para compatibilizar la modernización y las exigencias ambientales
La ampliación tensa las relaciones del PSC con ERC y Comuns, pero no las rompe. Ambos partidos, hasta ahora aliados del Govern, han criticado el proyecto, aunque han evitado condicionar la legislatura de Illa. Comuns prepara una “estrategia de confrontación” contra un proyecto “insostenible”, ha indicado; mientras que ERC reclama que la gestión del aeropuerto la tenga Catalunya y no Aena, aspecto que también demanda Junts, que, sin entrar en los aspectos técnicos de la propuesta, exige igualmente la gobernanza catalana de las instalaciones de El Prat. El Govern cree que la ampliación no incumple ninguno de los acuerdos de investidura con sus socios. Con todo, Illa no ha hecho público su proyecto hasta tener atado el tercer suplemento de crédito con sus aliados, por si se producían turbulencias políticas. El proyecto no pasará por el Parlament de Catalunya.
En clave municipal, la alcaldesa de El Prat, de Comuns, rechaza el proyecto porque “no es una idea consensuada con el territorio”, mientras que la de Gavà, socialista, lo apoya. La plataforma Zeroport y Ecologistes en Acció, opuestos a la ampliación, ya han anunciado movilizaciones. Por el contrario, Foment del Treball ha celebrado la presentación del proyecto e insta a implementarlo lo antes posible, posición coincidente con las otras patronales catalanas, la Fira de Barcelona y la Cambra de Comerç, así como los sindicatos mayoritarios. También las compañías aéreas se congratulan.
La decisión sobre la ampliación era ya urgente porque el aeropuerto de Barcelona ha alcanzado su nivel de saturación y Aena ha puesto en marcha un plan para optimizar la operativa de vuelos y las instalaciones existentes. Por eso Catalunya necesita un nuevo escenario de futuro que le permita garantizar su conexión aérea con el resto del mundo. De ello dependen su progreso, sus inversiones y su empleo.
La propuesta del Govern y de Aena prevé invertir 3.200 millones y necesitará la luz verde de Bruselas
El Govern socialista consideró desde su toma de posesión que la ampliación de la instalación aeroportuaria era imprescindible para el crecimiento de la economía catalana. Han pasado quince años desde la última ampliación, cuando entró en servicio la terminal 1. La actividad económica y el turismo han crecido, pero la infraestructura se ha mantenido igual. Lo importante ahora, pues, es que se deja atrás un periodo de parálisis que ha durado demasiados años y que se ha tomado al fin una decisión para abordar las necesidades de esta infraestructura fundamental, después de que el año pasado sobrepasara el límite de su capacidad, fijado en los 55 millones de viajeros anuales.
Celebramos que al fin se apueste por un proyecto para el que no se podía esperar más, porque el calendario será largo. Se tardará tres años en aprobar el plan director y en tener el visto bueno imprescindible de la UE, y las obras para alargar la pista, renovar la terminal 1, la 2 y construir una terminal satélite empezarían en el 2030 para estar acabadas tres años después.