El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado, ha concluido ya la instrucción y ha puesto a un paso del banquillo de los acusados al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, al considerar confirmados los indicios de presunto delito de revelación de secretos contra ambos en la instrucción que ha desarrollado en los últimos meses. El instructor entiende que hay suficientes pruebas para acusar al número 1 de la Fiscalía por haber filtrado información confidencial relacionada con la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Tras conocer la resolución, García Ortiz ha reiterado su inocencia y ha confirmado a través de un comunicado que seguirá al frente de la institución.
El auto por el que se acuerda la transformación en procedimiento abreviado señala que, a nivel indiciario, cabe presumir que el fiscal general del Estado facilitó a un medio de comunicación el contenido de un correo electrónico, de 2 de febrero de 2024, que había remitido el abogado del novio de Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador —investigado por fraude fiscal y falsedad documental—, al fiscal del caso que se seguía contra él. Un correo que le fue remitido a su vez al fiscal general por la fiscal jefe provincial de Madrid.
El auto subraya que hay indicios de que el fiscal general filtró el contenido de un correo a un medio de comunicación
Hurtado destaca que dicho correo contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, en una conversación privada entre letrado y fiscal que está sujeta a criterios de reserva y confidencialidad. En este correo, el abogado de González Amador ofrecía al fiscal un acuerdo que pasaba por reconocer el fraude y el pago de una multa para evitar la denuncia y posterior juicio. La Fiscalía había iniciado un procedimiento a raíz de una inspección de la Agencia Tributaria, que había detectado la posible comisión de dos delitos fiscales por parte de González Amador.
En su auto, el juez da traslado de lo actuado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o pidiendo el sobreseimiento de la causa, o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias.
El magistrado señala que García Ortiz habría filtrado información relativa a la pareja de Ayuso por “indicaciones de Presidencia del Gobierno”. Según la resolución, desde el Ejecutivo se decidió actuar tras la publicación de una información en el diario El Mundo, a las 21:29 horas del día 13 de marzo de 2024, bajo el título de La fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que ita dos delitos fiscales.
Esa información, que resultó ser una maniobra orquestada desde el gabinete de Díaz Ayuso, no se correspondía a la realidad porque había sido el abogado de González Amador el que inicialmente había ofrecido el pacto. Sin embargo, tras ver la publicación, el Gobierno indicó al fiscal general del Estado actuar “con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía” sobre de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal.
Hurtado asegura que la filtración formaba parte de la estrategia del Gobierno como respuesta a la noticia de que el Fiscal había ofrecido un pacto a González Amador
La respuesta de García Ortiz, según el auto judicial, fue la de entrar “en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo”.
Para preparar este contraataque, hubo unas comunicaciones que comenzaron con una conversación telefónica mantenida con la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, minutos después de las 21:29 horas, tras la cual, ésta realizó un par de llamadas telefónicas al fiscal encargado del caso, Julián Salto, para solicitarle, por encargo de García Ortiz que le remitiera inmediatamente los correos electrónicos intercambiados entre él y el letrado de González Amador. El objetivo de tener esos correos, le dijeron, era emitir una nota de prensa para desmentir una información que estaba circulando por las redes, lo que así hizo.
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Entre esos correos, que la fiscal jefe remitió al fiscal general, figuraba uno de 2 de febrero de 2024, enviado por el abogado de González Amador al fiscal del caso, con el siguiente asunto: Propuesta de conformidad penal en relación con un delito contra la Hacienda Pública. Dicho correo, según indica el auto, concluía diciendo: “Les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como resarcir el daño causado, pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT”.
Hurtado sostiene que inmediatamente que esos correos llegaron al correo personal de García Ortiz, fueron publicados por la cadena Ser, “para que le diera publicidad, conscientes ambos de que revelaría el confidencial contenido de ese correo de 2 de febrero de 2024, lo que así ocurrió mediante un avance a las 23:25 horas en el programa radiofónico Hora 25 de dicha emisora, que no fue sino un adelanto de su publicación a las 23:51 horas en la web de dicho medio”. Dicho medio añadía en su información que la Fiscalía de Madrid preparaba un comunicado al respecto que sería publicado en las próximas horas.
Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso
Interés político
Para Hurtado, detrás de esta maniobra estaba Presidencia del Gobierno, desde donde se “recibieron instrucciones para hacer un uso político de la información de que pudiera disponer”. El auto recoge que desde Fiscalía General se envió una copia del correo en cuestión a Pilar Sánchez Acera, directora de Gabinete del secretario de Estado, director del gabinete del Presidente del Gobierno, “quien hizo uso de él”.
El magistrado considera que hay indicios de que se dio instrucciones a Juan Lobato, portavoz del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid, para que lo exhibiese en su intervención en la sesión del día 14 de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, en contra de Díaz Ayuso.
El instructor destaca que el referido correo de 2 de febrero de 2024 “contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, que habían sido aportados con vistas y a los efectos de un ulterior proceso penal, en el curso de unas conversaciones privadas entre su letrado y el fiscal encargado del caso, sujetos a los criterios de reserva y confidencialidad por parte de la Fiscalía, que han de presidir este tipo de conversaciones, como habría de ser en cumplimiento del protocolo de conformidad suscrito por la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía, y que llevan aparejado un deber de discreción, por razón del cual no es tolerable divulgación alguna a terceros sin autorización del interesado, cuya reputación bien pudiera verse perjudicada por esa revelación”.
Borrado de información
El magistrado también ha tenido en cuenta que a la hora de investigar este delito, el propio Álvaro García Ortiz ha borrado toda la información que contenían sus dispositivos, convirtiendo la diligencia relativa a su dispositivo en “inocua”.
Añade que el desarrollo de la instrucción ha puesto de relieve que “el investigado, a diferencia de la investigada, ha hecho desaparecer de sus dispositivos móviles cuanta información pudiera haber en ellos”.
El magistrado concluye que “la confidencialidad y reserva a que tenía derecho Alberto González Amador sobre el concreto contenido del correo de 2 de febrero de 2024, solo se vio quebrada cuando alguien ajeno a él y sin su autorización filtró su contenido. Para el juez, no afecta para la comisión de este delito que González Amador autorizara la publicación de uno de los correos entre el fiscal y el abogado –de fecha de 12 de marzo de 2024-.
La pareja de Díaz Ayuso autorizó la publicación de uno de los correos pero para Hurtado eso no afecta a que desde la Fiscalía general se diera a conocer la cadena completa de los correos, aunque fuese para desmentir una información.
