El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado un recurso del PP y obliga a la Oficina de Conflicto de Intereses a abrir una investigación sobre si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pudo incurrir en un conflicto por participar en el rescate de Air Europa por la relación empresarial de sus máximos responsables con su esposa, Begoña Gómez.
La Sala de lo Contencioso istrativo anula dos resoluciones de la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Transformación Digital que dirige Óscar López, por las que se negaba a investigar a Sánchez al considerar que no existía ninguna incompatibilidad.
En su resolución, la Sala estima el recurso del PP contra resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública de 4 de julio de 2024 que initía los recursos interpuestos contra dos resoluciones previas de la directora de Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), de 8 y de 22 de marzo del pasado año.
“Se ordena la retroacción de actuaciones a la recepción de la denuncia, para que se practique la investigación procedente sobre los hechos denunciados, y se adopte la conclusiones proceda en Derecho”, falla la sentencia.
El PP acudió a los tribunales después de que la OCI archivara una denuncia bajo el argumento de que no se daba los supuestos para considerar que el presidente del Gobierno pudiera haber incurrido en causa de abstención que obligase a iniciar un procedimiento de investigación relativo a decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2020 y 16 de marzo de 2021, por el rescate de Air Europa, procediendo al archivo de la denuncia. Este archivo provocó varios recursos del PP que fueron todos desestimados hasta que acudió a la justicia, que le ha dado la razón al obligar al OCI a investigarlo.
En la denuncia, se hacen constar una serie de datos sobre determinadas decisiones adoptadas en los Consejos de Ministros que supuestamente podrían beneficiar determinados intereses económicos de la esposa del presidente, Begoña Gómez.
Los denunciantes -tal y como recoge la sentencia-detallan las concretas medidas adoptadas relativas a operaciones de apoyo público temporal a empresas del Grupo Air Europa, créditos a favor de Ávoris Corporación Empresarial, medidas que favorecerían al grupo Globalia, con otras que se describen y que afectarían, a criterio del PP, “intereses personales , económicos y profesionales” de la esposa de Sánchez.
Por eso se reclamaba que se iniciara una investigación para ver si el presidente tuvo que abstenerse y reclamaba que se pidiera informes a la Agencia Tributaria, a órganos gestores de la Seguridad Social, así como a servicios públicos de empleo, y a la Universidad Complutense de Madrid.
