Amnistiados 35 ex altos cargos del Govern por el 1-O

Las causas del procés

La Audiencia de Barcelona zanja la primera causa del 'procés'

La Guardia Civil custodia la sede de Economia el 20 de septiembre de 2017

La Guardia Civil custodia la sede de Economia el 20 de septiembre de 2017

Xavier Cervera / Archivo

La Audiencia de Barcelona ha acordado aplicar la amnistía a a 35 ex altos cargos del Govern de la Generalitat del 2017 que estaban procesados por el juzgado de instrucción 13 por la organización del referéndum del 1 de octubre y por las partidas destinadas a la acción exterior. Así consta en un auto notificado este miércoles. Esta investigación estalló el 20 de septiembre de 2017 con varios registros simultáneos de la Guardia Civil, ordenados por el juez y que desencadenó una gran protesta frente a la conselleria de Economia que luego sirvió de base, entre otras, para condenar por sedición a los líderes del procés.

En la causa estaban investigados un total de 35 ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont y empresarios. Entre los amnistiados se encuentran el exconseller, Raül Romeva, el exdirector de TV3, Vicent Sanchis; el exdirector de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo; la exinterventora general de la Generalitat, Rosa Vidal; y el exdirector de la delegación del Govern de Catalunya en la UE, Amadeu Altafaj, entre otros. La Sala subraya que “no requiere gran esfuerzo apreciar” que todos los hechos atribuidos a los procesados “estaban dirigidos y orientados a la consecución del proyecto independentista”. “No ofrece duda de que las conductas integrantes de estos delitos atribuidas a los procesados se encuentran dentro del ámbito objetivo de la ley de Amnistía”, añade. Sin embargo, hay dos exdirigentes del Diplocat – ente creado para la proyección de la imagen internacional de Catalunya– Rosa Clavell y Albert Royo, que han sido amnistiados por todos los delitos excepto el de prevaricación después de que el tribunal haya entendido que los hechos que se les imputan no estarían relacionados con el proceso independentista. Por eso, la Sala reclama que el juzgado de instrucción 18 abra juicio oral contra ellos por haber firmado dos contratos –uno de limpieza y otro que auditaba las cuentas del Diplocat– presuntamente a dedo sin concurrencia pública.

Beneficiados Romeva, los exdirectores de TV3 y Catalunya Ràdio y la exinterventora de la Generalitat, entre otros

La instrucción sobre los preparativos del referéndum se cerró en 2019 cuando se dictó auto de procesamiento contra 30 ex altos cargos del Govern. El juicio parecía cercano, pero fue entonces cuando la Audiencia de Barcelona obligó a incorporar en esta misma causa a una decena de investigados por desviar fondos para la acción exterior del Govern, instrucción que se abrió a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas. Desde entonces, la causa se ha visto sumida en una espiral de recursos y de tribunales que se pasaban la pelota entre ellos y cuya resolución ha llegado ocho años después de que se cometieran los hechos.

El juzgado de instrucción 13 de Barcelona arrancó la primera causa del procés de la mano del magistrado Juan Antonio Ramírez Suñé, (fallecido en noviembre de 2018) a raíz de una denuncia del abogado Miguel Durán por las palabras pronunciadas por el exmagistrado Santiago Vidal, entonces senador de ERC, en las que revelaba que el Govern disponía de los datos fiscales de todos los catalanes y de un listado con los jueces afines al independentismo. Aquello precipitó la operación por la que se detuvo a los altos cargos del Govern y en particular a las personas de mayor confianza del entonces vicepresident Oriol Junqueras, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó quienes se encargaron de preparar las estructuras del futuro estado catalán. Ambos pasaron a ser diputados y aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que mantiene suspendida la aplicación de la amnistía por el delito de malversación al estimar que podía vulnerar la normativa europea sobre gestión de fondos públicos. Sin embargo, la Audiencia sí ha considerado amnistiable el delito para el resto de investigado acogiéndose a la grieta que dejó abierta el Supremo en la interpretación que hizo de la malversación. “Aún concurriendo la voluntad malversadora, actuaron en cumplimiento del mandato diseñado por los del Govern, en el que ellos participaban desde diferentes ámbitos de responsabilidad, dijo”.

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