La presidenta del Supremo exige que cesen las “descalificaciones constantes” a los jueces
Tensión judicial
Los jueces paran ante la puerta de distintos tribunales contra las reformas judiciales del Gobierno y los ataques políticos contra las resoluciones judiciales
Protesta judicial contra las reformas del Gobierno y los ataques políticos
La tensión entre los jueces y el Gobierno sigue en aumento, hoy con la imagen de paros en los principales juzgados de España, entre ellos la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Las reformas impulsadas por el Ejecutivo y las críticas de del Gobierno contra jueces y resoluciones judiciales, como el último caso por el procesamiento del fiscal general del Estado, es la base de que los jueces estén elevando la voz. Incluso la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha alertado hoy de las “descalificaciones constantes” contra de la carrera judicial.
Jueces y fiscales han realizado este miércoles un paro simbólico de 10 minutos ante los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, para mostrar su oposición a la reforma de la ley del Poder Judicial
Durante la inauguración de unas jornadas de jueces decanos de España, ha hecho un llamamiento a autoridades y particulares a que recuperen el respeto que merecen los tribunales y quienes los sirven. “Lamento que la pérdida del respeto que merecen personas e instituciones y, especialmente, los tribunales de justicia y quienes los sirven, haya llegado a niveles que nunca debería haber alcanzado”.
La presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha hecho un llamamiento a autoridades y particulares a recuperar ese respeto y reclamo el cese de cualquier presión o interferencia en la labor judicial”.
Perelló ha advertido que “pueden y deben ser objeto de debate y crítica” las resoluciones judiciales “pero no caben las descalificaciones personales ni los insultos a los jueces, ni tampoco presiones intolerables, ya que socavan el ejercicio de la función que la propia Constitución encomienda al Poder Judicial”.
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló,
Estas palabras de Perelló vienen un día después de que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, dijera que hay algunos jueces que están haciendo cosas “difíciles de entender”, en relación al auto de procesamiento contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, dictado por el instructor del Supremo, Ángel Hurtado.
No es la primera ocasión que Perelló hace una advertencia para frenar los ataques políticos contra jueces concretos. Sin embargo, en esta ocasión ha subido el tono y ha destacado que las manifestaciones públicas que cuestionan actuaciones de jueces concretos, y hasta ponen en duda la legitimidad de las instituciones judiciales, “son impropias de un Estado democrático avanzado, en cuanto que minan la confianza de los ciudadanos”.
Así, ha insistido que existe una preocupación dentro del CGPJ por el intento de “desprestigiar” a los jueces. Ha recordado que este órgano se ha pronunciado ya en diversas ocasiones “reclamando el debido respeto institucional hacia las decisiones judiciales, al margen de los intereses políticos de cada momento”. Señala que “la descalificación sistemática desestabiliza la confianza de los ciudadanos en la Justicia y va en detrimento de la sociedad democrática, en tanto que son actitudes que minan la separación de poderes”.
Tras conocer estas palabras, coincidentes con el paro de los jueces, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha salido en el Congreso de los Diputados a decir que no se siente aludido por todos estos acontecimientos.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso
Respecto de las palabras de Perelló, ha espetado que “ese respeto” que reclama “no está reñido con un sistema garantista de recursos, donde se pueden impugnar resoluciones judiciales que uno no comparte”, o con “el derecho a la libertad de expresión”, dado que se puede discrepar “públicamente” de una resolución judicial.
Sobre el paro de los jueces y fiscales, Bolaños ha mostrado su “máximo respeto” por las protestas de jueces y fiscales contra las reformas del Gobierno aunque ha apuntillado que es “habitual” en la Justicia la resistencia a los cambios. “Seguro de que estas reformas, que hoy generan debate, en unos años serán un gran consenso porque es la ley que necesita nuestra Justicia para convertirse en un servicio público del siglo XXI”, ha añadido.
Los jueces del Supremo se paran
En el marco de esta tensión, hoy estaban convocados los jueces de toda España a un paro de 10 minutos contra las reformas promovidas por el Gobierno y el ataque al poder judicial. Entre otras sedes judiciales, en la puerta del Supremo y la Audiencia Nacional se han podido ver a magistrados del alto tribunal como Antonio del Moral, José Luis Requero, Wenceslao Olea y Juan Moya, además de del Gabinete Técnico, algunos con toga en mano, y del fiscal de Sala, José Javier Huete, según informa Efe.
Lectura de un manifiesto durante la concentración que asociaciones de jueces y fiscales
De la Audiencia Nacional, se ha sumado su presidente Juan Manuel Fernández, además de un buen número de fiscales de Antidroga y de Anticorrupción, entre ellos, el fiscal jefe Alejandro Luzón, y cuatro de los seis jueces centrales de instrucción.
Durante el paro se ha leído un manifiesto conjunto de las cinco asociaciones de jueces y fiscales convocantes, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
En éste se critica las reformas legislativas impulsadas y reclaman que sean retiradas del debate parlamentario o amenazan con ir a la huelga. Respecto de la reforma de a la carrera judicial, señala que se trata de una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para la formación e introduciendo pruebas “más subjetivas y susceptibles de filtración”.
“Selección ideológica” de los futuros jueces y fiscales
Así mismo, sostiene que la creación de un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno supone un riesgo de “selección ideológica” de los futuros jueces y fiscales. “Poniendo falsamente a Europa como excusa, se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a mil trecientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal”, recoge el manifiesto.
El segundo anteproyecto por el que han salido a la calle es el de la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal. Para estas asociaciones el Gobierno pretende aumentar las competencias del fiscal general del Estado, “quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, lo que, sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción”.
En el documento, se advierte que estas reformas legislativas son impulsadas en medio de ambiente “de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía”. Éste se produce, según las asociaciones convocantes, “con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos”.
Para los manifestantes, estas reformas van encaminadas a convertir al poder judicial “en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente”.