Todo hacía presagiar que el nuevo informe sobre de la Sindicatura de Comptes respecto a algunas de las prestaciones económicas que ofrece el Depatament de Drets Socials sería demoledor. Y las expectativas se han cumplido. El texto, hecho público hoy, afirma que durante el periodo 2016-2024 “el volumen de importes pagados indebidamente es de al menos 167,56 millones de euros, de los que 7,17 pertenecen a expedientes prescritos”.
La aparición de este nuevo informe coincidió con la comparecencia que ha hecho la mañana de este miércoles la consellera del ramo, Mònica Martínez Bravo, en la comisión de Drets Socials del Parlament para dar explicaciones sobre el cese de la directora general y el subdirector de la DGAIA, así como de los planes de futuro del organismo y sus mecanismos de prevención, protección y atención a la infancia.
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En el documento, la Sindicatura denuncia además que “no se ha fomentado una cultura de regularidad y transparencia de las actividades financiadas con fondos públicos, ni se difunden resultados vinculados a las actividades”. Asimismo, subraya que “la definición de la población elegible y de las cuantías de las prestaciones presenta carencias que limitan el y protección a personas en situación de pobreza”, que “el mapa de prestaciones es excesivamente complejo” y que “algunos pagos presentan incompatibilidades con otras prestaciones (renta garantizada ciudadanía) y con las rentas del trabajo (prestaciones para jóvenes extutelados)”.
Sobre estas últimas prestaciones, la Sindicatura recuerda que Drets Socials adjudicó, en julio del 2022, a la UTE formada por la Fundació Mercè Fontanilles y la Fundació Resilis el servicio de valoración y seguimiento de las personas jóvenes extuteladas de la DGAIA, dependientes del Área de Apoyo a los Jóvenes Tutelados y Extutelados, que pueden ser beneficiarias de prestaciones económicas derivadas de la Ley 13/2006. Esta adjudicación cubre el ámbito de todo el territorio de Catalunya por un período que abarca hasta el 31 de diciembre, prorrogable hasta 4 años más, siendo el valor estimado del contrato de 5,58 millones.
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En el marco de este servicio contratado (recuerda la Sindicatura) las fundaciones que forman la UTE son responsables del seguimiento de los planes individuales de trabajo de estas personas jóvenes, y tienen programas de inserción laboral y servicios de vivienda temporal para jóvenes.
La Sindicatura explica en el informe que ha seleccionado una muestra de 38 expedientes correspondientes a beneficiarios de la prestación para jóvenes extutelados que han superado el umbral de elegibilidad de forma continuada en el tiempo, con la finalidad de observar y comprobar el seguimiento preceptivo de las condiciones de a la prestación. De acuerdo con los pliegos de condiciones de la licitación de servicios de apoyo, el seguimiento de las personas beneficiarias se documenta en planes individuales de trabajo incluidos en estos expedientes.
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Según la Sindicatura, el resultado de esta revisión, realizada en octubre del 2024, ha puesto de manifiesto varios escenarios en la gestión de los servicios de soporte y seguimiento “que han incumplido los requisitos de los pliegos de condiciones técnicas que regían la contratación del servicio”.
“A partir de la revisión de los planes individuales de trabajo disponibles en el sistema de información se observa que hay casos en los que se mencionan experiencias de los beneficiarios en el mercado de trabajo de forma poco precisa y sin referencia alguna a los ingresos percibidos o al umbral normativo”, reza el texto. En otros casos –añade- “se menciona que tienen un contrato de trabajo, sin que en ningún caso se haya instado a revisar el cumplimiento de los requisitos que dan derecho a recibir la prestación o se haya propuesto extinguir la prestación. Algunos planes no mencionan que el beneficiario esté trabajando, aunque la información facilitada por la Tesorería General de la Seguridad Social prueba que en ese período contaba con bases de cotización por rentas del trabajo y superaba el umbral de elegibilidad”.
El 67% se queda fuera
El ingreso mínimo vital también suspende en Catalunya
La Sindicatura de Comptes también explica que la introducción del ingreso mínimo vital, una prestación estatal para personas vulnerables, es muy reducido en Catalunya, la segunda comunidad autónoma “con un porcentaje más elevado de personas elegibles que no acceden a este subsidio, un 67%”, solo superada “por las Baleares, con un 68%”.
La mayoría de prestaciones que gestiona Drets Socials tardan un promedio superior a tres meses en gestionarse. Caso aparte con las pensiones no contributivas por jubilación (cinco meses) o invalidez (siete). Estas dilaciones pueden provocar que haya personas que no accedan a las ayudas, aunque tengan derecho a ellas. Es decir, por un lado hay potenciales beneficiarios que no reciben las ayudas a que tienen derecho; y por otro, hay quienes sí reciben subvenciones que no les corresponden.
Ello se produce porque “los mecanismos de control no han sido eficaces”. La conselleria, añaden los investigadores, ha realizado “un volumen importante de pagos sin comprobar si concurrían los requisitos previstos en la normativa”.
