La casualidad, o no, quiso que el nuevo informe de la Sindicatura de Comptes relacionado con las prestaciones económicas que otorga el Depatament de Drets Socials apareciera el mismo día que la consellera del ramo, Mònica Martínez Bravo, comparecía ante la comisión de Drets Socials del Parlament. No obstante -quizás por no estar en el orden del día- Martínez Brazo no hizo demasiadas alusiones al mismo, aunque sí una de muy significativa. Respecto a los más de 167 millones de euros de pagos indebidos que el informe del órgano fiscalizador señala en las prestaciones del Departament, la consellera advirtió que “será difícil reducirlos hasta que no tengamos una buena infraestructura digital y jurídica”.
A preguntas de los distintos grupos parlamentarios, fue algo más prolija en valorar las presuntas irregularidades que han ido denunciando tanto el informe del 2024 de la misma Sindicatura de Comptes como la investigación que lleva a cabo la Oficina Antifrau de Catalunya en el pago de las prestaciones que la Generalitat otorga a jóvenes extutelados que todavía están bajo el paraguas de la DGAIA, hoy refundada bajo el nombre de DGPPIA (Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia). También dedicó bastante tiempo a explicar las conclusiones del expediente informativo que abrió el Departament tras hacerse público el caso de una menor que, también bajo el paraguas de la DGAIA, cayó en manos de una red de pederastia.
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Sobre el último informe de la Sindicatura de Comptes, que hoy vio la luz, la consellera no se extendió en demasía. Eso sí, advirtió que “será difícil reducir los pagos indebidos hasta que no tengamos una buena infraestructura digital y jurídica”. Y puso de ejemplo el Reino Unido, que cuenta con esta estructura después de diez años de trabajo. En este sentido, la consellera apostó por realizar un proceso de integración de las distintas prestaciones y que su control se haga en base a “automatismos y datos”.
Algo más de tiempo dedicó a hablar sobre las presuntas irregularidades, denunciadas por la Sindicatura de Comptes y la Oficina Antifrau, respecto a las prestaciones a jóvenes extutelados realizadas por la antigua DGAIA. La consellera expuso que el compromiso del Govern es “de máxima transparencia” y lo sustentó en la puesta en marcha de una auditoría interna.
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En este sentido, aseveró que se toman muy en serio los informes de los órganos fiscalizadoras y que parte de los cambios que han hecho ya en la refundación de la DGAIA, como el traspaso de las prestaciones a la dirección general de prestaciones –un servicio hasta ahora externalizado-, es una muestra.
Ello no significa –matizó- demonizar la colaboración con entidades del tercer sector, de las que dijo que pueden hacer “una labor mucho mejor que la istración” en servicios de prevención u ocio.
Más prolífica se mostró la consellera a la hora de abordar el caso de la menor que cayó en manos de una red de pederastas. Sobre esta cuestión, arguyó que “el sistema protegió a la menor como pudo”, que lo hizo “de la mejor manera posible teniendo en cuenta las herramientas que tenía”, pero que, pese a ello, no fue suficiente. “El sistema falló a la menor”, aseveró, y añadió que “no hay un error concreto ni una solución fácil a este caso”, que calificó de “muy complejo”.
El sistema falló a la menor”
Recordó -como hizo hace unos días Ester Cabanes, exdirectora general de la DGAIA, también ante la comisión de Drets Socials- que los abusos se iniciaron antes de que la menor estuviera bajo la guarda de la DGAIA, aunque reconoció que la situación continuó “durante unos meses” cuando esta ya se encontraba bajo el paraguas de la istración. Aun así, quiso recordar que la denuncia frente a los Mossos d’Esquadra se interpuso “solo un mes después de iniciarse la guarda”.
itió, no obstante, disfunciones. Por ejemplo, en el retraso de la activación del protocolo de abusos sexuales. También en la no derivación de la menor a un recurso más especializado, “con una atención más intensiva”. Y reconoció a su vez que el expediente de desamparo que se abrió tras la fuga de la joven del centro que la acogía no fue ejecutado.
Comisión mixta con los Mossos
En su comparecencia frente a los medios tras hacerse público el caso de esta menor, la consellera apuntó a una cooperación más estrecha con los Mossos d’Esquadra para detectar depredadores digitales en las redes. Pues bien, en su intervención frente a la comisión de Drets Socials, anunció la creación de una comisión mixta entre la DGPPIA y los Mossos para desplegar un plan integral de protección de los menores en el ámbito digital, un plan que impulsará –dijo- herramientas de IA para detectar depredadores digitales y menores en riesgo, así como canales de denuncia electrónicos.
